El debate sobre quién puede decir qué en línea está tomando un cariz cada vez más importante, de nuevo, y a nivel mundial. Twitter, la red preferida de los políticos y la prensa, se encuentra bajo la dirección de Mr. Musk, abanderado de la libertad de expresión que ha restaurado cuentas de usuarios como Trump. Por otro lado, Meta (Facebook) está a punto de sacar a la luz su propia red social basada en texto que, al parecer, se lanzará este verano. En los próximos meses podremos ver, en verdad, si estas redes sociales son lo que dicen ser, ya que se acerca la elección presidencial de Estados Unidos, uno de los grandes festivales mundiales de difamación y manipulación en línea.
Mientras tanto, el sector político empieza a impacientarse proponiendo más regulación para las redes sociales. Quieren establecer nuevos «límites» en torno a la libertad de expresión. En Europa, por ejemplo, están decididos a promulgar regulaciones más restrictivas, y muchos gobiernos ya han aprobado regulaciones propias, conscientes de la cada vez mayor importancia de las redes sociales en la opinión pública.
El interés político por las redes sociales está resultando contraproducente para la buena salud de estas tecnologías. Desde que Trumpo dejó el cargo, la pandemia de COVID-19, las cosas han cambiado. En 2022 plataformas como Facebook, Instagram y YouTube han eliminado/bloqueado más de 11.4 mil millones de publicaciones, vídeos y comentarios de usuarios. La mayoría de de estas acciones se realizan a través de procesos automáticos, pero Meta y Google emplean a más de 40.000 personas encargadas de la revisión de contenido, lo que supone un gasto importante.
La mayoría de las publicaciones eliminadas es spam. En Facebook, la red más grande del mundo, el 90% de las publicaciones eliminadas era spam. Pero hay otras muchas decisiones de moderación que son más complicadas (ver gráfico más arriba). En el último trimestre, Facebook eliminó o bloqueó o eran simplemente spam. Pero muchas decisiones de moderación son difíciles (ver gráfico). En el último trimestre, Facebook eliminó o bloqueó 10,7 millones de publicaciones que consideró discurso de odio y 6,9 millones que consideró acoso; en ambos casos puede haber margen para la controversia o el desacuerdo, sobre todo cuando no se tiene en cuenta el contexto.
Pero ahora los políticos quieren intervenir e influir sobre estas decisiones, ya que consideran que las redes sociales están haciendo un trabajo muy deficiente en la moderación de contenidos. Por todo el mundo se oyen voces al respecto, y abogan por la «protección» de las plataformas sociales de los contenidos publicados por los usuarios cuando, en realidad, esta intervención política está dirigida a ejercer un mayor control. No obstante lo anterior, aun no hay acuerdo en cómo afrontar esta nueva realidad.
Los líderes políticos quieren que las redes sociales eliminen o bloqueen más contenido de lo que lo están haciendo actualmente. Por contra, otros muchos abogan por una menor intervención. La situación se encuentra actualmente en punto muerto. Lo que sí es cierto es que en algunos lugares, como Estados Unidos, los Tribunales han aclarado que las redes sociales no son responsables de los delitos que puedan cometer sus usuarios, lo que constituye en sí un gran avance de la libertad de expresión en estas plataformas.
Pero la intervención política no cesa en su avance. No hay que olvidar que en Estados Unidos, concretamente en Montana, el pasado 17 de mayo se prohibió por completo TikTok por ser de propiedad china (decisión que se encuentra en estos momentos impugnada ante los Tribunales de Justicia, y pendiente de resolución). La injerencia política se muestra cada vez más agresiva, y es preocupante.
Estados de negación
En Estados Unidos existen movimientos políticos con el propósito de bloquear parcialmente la capacidad de las redes sociales, como ha ocurrido en el año 2021 en Florida y Texas, lo que puede ser un peligroso precedente de cara al futuro de estas plataformas.
En la Unión Europea ya se ha aprobado, el pasado año 2022, la Ley de Servicios Digitales (DSA), que establece una serie de normas para las plataformas en línea, y constituye un modelo de moderación de estas plataformas. Por otro lado, existe el Proyecto de Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido que, según muchas publicaciones, ataca deliberadamente la libertad de expresión y el cifrado, y su entrada en vigor será un antes y un después en relación con la censura en las plataformas digitales. Estas dos regulaciones ponen el foco en las plataformas digitales, en concreto en su responsabilidad por la debida diligencia en mantener o no el contenido de sus usuarios (diferenciándose así del enfoque norteamericano, mencionado más arriba). Para las grandes redes sociales que operan en Europa, esta nueva regulación representa una carga financiera significativa.
Twitter, que ha reducido su personal en aproximadamente un 80% desde que el Sr. Musk asumió el cargo en octubre, puede ser una de las que tenga más dificultades para cumplir con los requisitos de la DSA. Da la sensación que el Sr. Musk se ha convertido en el mayor villano de las redes sociales, a los ojos de muchos políticos. De hecho Thierry Breton, comisario europeo, amenazó a a Twitter. Da la sensación que el ataque político a Twitter no ha hecho más que empezar, y esto es una muestra del afán de control de los políticos actuales sobre cualquier tipo de expresión en las redes sociales:
De hecho, cuanto más estrictas sean las legislaciones sobre las plataformas digitales, más probable será que las empresas tecnológicas opten por ofrecer servicios diferentes allí. Incluso algunas pueden llegar a retirarse o marcharse para siempre. WhatsApp, una aplicación de mensajería propiedad de Meta, dice que no está dispuesta a romper su sistema de cifrado de extremo a extremo para cumplir con los requisitos que quiere establecer el proyecto de ley británico; eso «rompería» el servicio y la confianza en el mismo, literalmente. Las amenazas de las empresas tecnológicas de marcharse de esos países es real. El pasado 24 de mayo, Sam Altman, jefe de OpenAI, afirmó que consideraría abandonar la UE si su regulación de la inteligencia artificial fuera demasiado intervencionista.
Efectos de red
Otros países muestran su intención de regular estas cuestiones, fuera ya de la Unión Europea o del Reino Unido. Recientemente, por ejemplo, Turquía ordenó a Twitter censurar información durante sus recientes elecciones, y el Sr. Musk cumplió. Brasil ha propuesto una «ley de noticias falsas», que penalizaría a las redes sociales por no identificar la desinformación. Por otro lado, India tiene previsto publicar un proyecto de ley de regulación de Internet este mes de junio de 2023, que pretende responsabilizar a las plataformas del contenido de los usuarios si no aceptan identificar y rastrear a esos usuarios cuando así se les indique.
El impacto internacional de las propuestas británicas y europeas está influyendo en el debate en Estados Unidos. «No importa cuánto creas que las redes sociales han corrompido la política estadounidense», dice Matthew Prince, director de Cloudflare, una empresa estadounidense de redes, «han sido increíblemente desestabilizadoras para otros regímenes que están en contra de los intereses de Estados Unidos».
