logo - derecho penal

Como es sabido con carácter general, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo por primera vez en España en diciembre del año 2010. Con posterioridad, en el año 2012,  se amplió dicha responsabilidad a partidos políticos y sindicatos. Y, finalmente, en julio del año 2015 entró en vigor el nuevo Código Penal que concretaba más esta figura y recogía la exención de la responsabilidad penal para aquellas empresas en cuyo seno se hubieran adoptado las medidas necesarias para impedir la comisión de delitos. 

La reciente sentencia del Tribunal Supremo supone un paso importante constatación de cumplimiento normativo, ya que permite a los operadores jurídicos conocer cuáles van a ser los criterios de interpretación a partir de ahora. Además, estas pautas se suman a las ya ofrecidas por la Circular que emitió la Fiscalía General del Estado el pasado 22 de enero, en la que el Ministerio Público concretaba cuáles habrán de seguirse en este tipo de delitos[1].

El hito jurisprudencial

Por primera vez hemos podido comprobar que el Tribunal Supremo ha abordado, y en profundidad, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que supone un hito importante en el ámbito del Derecho Penal, así como para los profesionales especializados en la materia. 

En su fallo de fecha 29 de febrero del presente año, el Alto Tribunal marcó las pautas que habrá de tener en cuenta a la hora de abordar cuestiones de esta naturaleza, lo cual de capital importancia. El Pleno de la Sala de lo Penal confirmó las condenas impuestas por la audiencia Nacional a tres empresas por su participación en delitos contra la salud pública[2], aunque en su fallo excluyó de la pena la disolución de la misma teniendo en cuenta que contaba con una plantilla de más de cien personas que no tenían por qué sufrir los graves perjuicios de dicha medida, aunque sí confirmó que la sociedad condenada tenía que pagar una elevada multa de mas de 775 millones de euros.

Las pautas establecidas

La Sentencia[3], ha establecido las pautas y requisitos que habrán de tenerse en cuenta para poder apreciar la responsabilidad de las personas jurídicas (las empresas), de conformidad con el artículo 31 bis del Código Penal[4]. Así, pueden diferenciarse dos clases requisitos o pautas a seguir a partir de ahora:

  1. El Alto Tribunal señala que, como presupuesto inicial, es necesario constatar la comisión del delito por una persona física que, a la vez, sea parte integrante de la persona jurídica (que, normalmente, suelen ser administradores de hecho o de derecho).
  2. Además, es necesario constatar que las empresas hayan incumplido su obligación de llevar a cabo medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos.

La Sentencia viene a expresarse del siguiente modo:

La determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de la afirmación de su responsabilidad penal, ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquélla, ha sido posible o facilitado por la ausencia de una cultura de respeto al derecho como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas jurídicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos.

Por lo tanto, el Alto tribunal, mediante dicha argumentación, ha manifestado claramente los presupuestos que hay que tener en cuenta para que las empresas puedan ser objeto de una responsabilidad penal en el sentido expuesto.

La protección del derecho de defensa de la persona jurídica

Los magistrados han señalado que, en estos casos (con la vista puesta en el futuro, y consciente de la trascendencia de la Resolución), se podría producir una conculcación efectiva del derecho de defensa de la empresa. Y ello porque podrían generarse situaciones en las que pudieran existir conflictos de intereses procesales entre las personas físicas acusadas del delito y las personas jurídicas que sean representadas por esas mismas personas. 

Los jueces, pues, deberán tomar cartas en el asunto para evitar que se generen situaciones o riesgos de este tipo, con el objeto de proteger el derecho de defensa de la persona jurídica. Por otro lado, la Resolución sugiere que el legislación actúe y proceda a otorgar un remedio normativo eficaz a este tipo de situaciones que, sin duda, se van a producir.

Los casos en los que exista una sociedad “pantalla”

La Resolución se sensibiliza con los casos en los que existan sociedades “pantalla”, que son las que carecen de cualquier actividad lícita, y son creadas exclusivamente para la comisión de actos delicitivos.

El Alto Tribunal estima que éste tipo de sociedades han de quedar al margen del régimen de responsabilidad penal establecido en el artículo 31 bis del Código Penal. 

Varios Votos Particulares existentes

De los 15 Magistrados del Alto Tribunal, emitieron Votos Particulares 7 de ellos que, en resumidas cuentas, comparten el fallo de la resolución, pero discrepan de parte de la doctrina que recoge.


 

[1] La Fiscalía General del Estado ha publicado la “Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015”.  Con este documento se imparten instrucciones a los fiscales para valorar la eficacia de los planes de compliance en las empresas que tras la reforma se configuran como una eximente de la responsabilidad penal. Los planes de compliance son una apuesta decidida del legislador por una fórmula de “autorregulación regulada” en la lucha contra la delincuencia de empresa.

[2] Se trataba del tráfico de más de 6000 kg. de cocaína, que se encontraba escondida en maquinaria objeto de importación y exportación entre Venezuela y España.

[3] Fue ponente de la misma el Magistrado, Don José Manuel Maza.

[4] Sentencia del T.S. núm. 154/2016, de 29 de Febrero de 2016.